Fiscalía imputa a Peña y pide prisión
El Ministerio Público imputó este sábado 7 de noviembre de 2026 al expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por presuntos hechos punibles relacionados con la crisis de ueno bank. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos, después de las diligencias realizadas en la sede fiscal de Asunción.
Peña fue imputado por lesión de confianza, en carácter de instigador, y administración en provecho propio, como presunto autor. Carvallo enfrenta imputaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Fiscalía formaliza la causa penal
La imputación fue presentada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, integrantes del equipo encargado de investigar los hechos.
La actuación corresponde a la causa penal N.º 92/2026, abierta bajo la denominación «Santiago Peña y otros sobre lesión de confianza y otros».
Ambos investigados comparecieron ante los representantes del Ministerio Público y se abstuvieron de prestar declaración indagatoria, en ejercicio de sus derechos procesales.
La solicitud de prisión preventiva deberá ser examinada por el juzgado competente. La imputación fiscal no constituye una declaración de culpabilidad.
Investigan la concentración de fondos públicos
Según los elementos expuestos en el acta fiscal y difundidos por Última Hora, la investigación examina la colocación, renovación y permanencia de recursos de instituciones públicas en ueno bank durante la administración de Peña.
Los investigadores sostienen, como hipótesis fiscal, que el expresidente habría intervenido en decisiones relacionadas con esos recursos, pese a sus anteriores vínculos económicos y corporativos con el grupo empresarial.
Entre las instituciones mencionadas figuran el Instituto de Previsión Social, Itaipú, Yacyretá, la ANDE y distintas cajas de jubilaciones.
Los montos preliminares citados en la investigación alcanzan G. 3,6 billones y USD 233,4 millones hasta septiembre de 2026. Estas cifras corresponden a fondos señalados en la causa, no a pérdidas económicas definitivamente comprobadas.
Solicitan medidas sobre bienes y cuentas
Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público dispuso la inhibición general de enajenar y gravar bienes de los imputados.
También solicitó identificar e inmovilizar cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros registrados a sus nombres.
Estas medidas buscan preservar bienes durante la investigación y no equivalen a un decomiso definitivo.
Próximas decisiones judiciales
El siguiente paso será la intervención del juzgado penal competente, que deberá resolver el pedido de prisión preventiva y las demás cuestiones sometidas a su consideración.
El proceso continuará con el análisis de documentación financiera, actuaciones administrativas y elementos probatorios relacionados con la entidad bancaria.
Peña y Carvallo mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme que determine sus eventuales responsabilidades penales.