Fiscalía pide mantener presos a seis de ueno
El Ministerio Público solicitó este lunes 9 de noviembre de 2026 que se confirme la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros cinco exresponsables de ueno bank, investigados por presuntas irregularidades en operaciones financieras realizadas por la entidad.
El pedido fue presentado al contestar los recursos de apelación interpuestos contra el Auto Interlocutorio N.º 359, por el cual el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la prisión preventiva de los seis procesados.
¿Quiénes son los seis imputados?
La solicitud fiscal alcanza a Federico Miguel Vázquez Villasanti, exdirector ejecutivo y exvicepresidente segundo de ueno bank; Juan Manuel Gustale Cardoni, expresidente de la entidad; Julio Daniel Rey Fernández, exvicepresidente; Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller, exdirectores titulares; y Miguel Ángel Almada Frutos, quien se desempeñaba como síndico.
La presentación fue formulada por los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle, quienes sostienen que subsisten los presupuestos legales para mantener las medidas cautelares.
La defensa solicita medidas alternativas
Los abogados de los procesados cuestionaron la resolución judicial por considerar que carece de fundamentación suficiente y no demuestra adecuadamente los riesgos de fuga u obstrucción de la investigación.
En el caso de Miguel Vázquez, su defensa solicitó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario con tobillera electrónica.
También ofreció como caución dos inmuebles ubicados en San Bernardino, valorados en aproximadamente G. 2.925 millones.
Los defensores argumentaron que Vázquez se presentó voluntariamente ante las autoridades, mantiene arraigo familiar y que gran parte de la documentación investigada se encuentra bajo resguardo institucional.
Fiscalía considera que persiste el peligro de fuga
El Ministerio Público respondió que la presentación voluntaria y la colaboración alegada por los imputados no eliminan necesariamente los riesgos procesales.
Los fiscales invocaron el artículo 242 del Código Procesal Penal, que establece los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva.
Según su posición, el juzgado evaluó la gravedad de los hechos investigados, la posible participación de los imputados y las circunstancias que permitirían presumir peligro de fuga.
En cuanto a las garantías ofrecidas, la Fiscalía consideró que no resultan suficientes para neutralizar los riesgos identificados en esta etapa de la investigación.
Investigan créditos a empresas vinculadas
La causa incluye operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026 con empresas que, según las investigaciones, mantenían vínculos con el grupo económico de ueno bank.
Entre las sociedades examinadas figuran MOWI SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.
La investigación describe préstamos y sobregiros otorgados bajo condiciones que, de acuerdo con informes de supervisión bancaria citados por la Fiscalía, presentarían debilidades en los análisis de riesgo, insuficiencia de garantías y posibles inconsistencias entre los destinos declarados y el uso efectivo de los fondos.
También se investigan transferencias entre empresas y operaciones de venta de cartera crediticia cuya sustancia económica se encuentra bajo cuestionamiento.
Estas circunstancias forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser evaluadas mediante las pruebas correspondientes.
La resolución de las apelaciones sigue pendiente
El nuevo pronunciamiento del Ministerio Público no implica que los recursos de apelación hayan sido rechazados.
La decisión sobre la continuidad o modificación de las medidas cautelares corresponde al órgano judicial competente.
Mientras tanto, la investigación busca establecer las responsabilidades individuales relacionadas con las operaciones financieras de ueno bank.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena. Todos los imputados conservan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia durante el proceso penal.