Kenia: 200 años de condena por 191 asesinatos
El Tribunal Superior de Mombasa, Kenia, condenó este viernes 6 de noviembre de 2026 al predicador Paul Nthenge Mackenzie por el asesinato de 191 personas, entre ellas 190 niños y un adulto, en el caso conocido como la masacre de Shakahola. La jueza Diana Kavedza-Mochache impuso dos penas de 100 años de prisión por muertes provocadas mediante inanición y homicidios directos.
La sentencia alcanza también a 28 coacusados, quienes recibieron distintas penas de prisión. El tribunal había declarado culpables a los acusados el 19 de octubre, tras examinar las circunstancias en que las víctimas fueron sometidas a ayunos extremos y actos de violencia.
Ayunos forzados y asesinatos
Según la investigación judicial, Mackenzie dirigía la organización religiosa Good News International Ministries y promovía prácticas de ayuno extremo bajo la creencia de que sus seguidores alcanzarían la salvación antes del fin del mundo.
El tribunal determinó que 183 víctimas murieron por inanición, incluidos 182 niños y un adulto. Otras ocho personas, todas menores de edad, fueron asesinadas mediante violencia física.
La magistrada concluyó que las muertes no respondieron exclusivamente a decisiones voluntarias de los seguidores, sino que existieron mecanismos de coacción y violencia contra quienes se resistían.
Una investigación iniciada en 2023
El caso adquirió repercusión internacional en abril de 2023, cuando las autoridades descubrieron fosas comunes en el bosque de Shakahola, situado en el condado de Kilifi, en la costa de Kenia.
Las investigaciones posteriores permitieron recuperar más de 400 cuerpos, aunque la sentencia anunciada este viernes corresponde específicamente a 191 asesinatos.
El hallazgo motivó cuestionamientos sobre los mecanismos de protección de menores, la actuación de las autoridades y la vigilancia frente a organizaciones involucradas en prácticas coercitivas.
Responsabilidades judiciales y protección infantil
La sentencia establece responsabilidades penales por los hechos probados durante este proceso, diferenciando las prácticas religiosas de los actos criminales cometidos contra personas vulnerables.
La jueza destacó la especial gravedad de los delitos debido a la edad de las víctimas y a la responsabilidad de los adultos encargados de su protección.
Mackenzie enfrenta además otros procesos judiciales relacionados con presuntos delitos de terrorismo, homicidio involuntario y muertes adicionales investigadas en la región.
Nuevos procesos pendientes
La condena constituye una decisión relevante dentro de una investigación que continúa abierta en otras causas.
Las autoridades judiciales deberán resolver los procedimientos restantes y las impugnaciones que correspondan, mientras prosiguen las tareas de identificación de víctimas.
El caso mantiene la atención internacional sobre la protección de la infancia y la respuesta institucional frente a organizaciones que utilizan mecanismos de control coercitivo y violencia.