RUN afirma que registros de tierras se basaron en órdenes judiciales
Asunción, QAP Chaco News. La directora del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, afirmó ante una comisión investigadora del Congreso que las inscripciones cuestionadas de más de 300.000 hectáreas en el Chaco se realizaron en cumplimiento de resoluciones judiciales y escrituras públicas. En la misma instancia, el abogado Federico Campos López Moreira, representante legal de Kiantar Betancourt, rechazó que las empresas vinculadas a su cliente tengan relación societaria, comercial, contractual o financiera con Gonzalo Peña, hijo del expresidente Santiago Peña.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que incluye denuncias relacionadas con la titularidad y transferencia de extensas propiedades en la región Occidental, la comisión parlamentaria recibió a autoridades del RUN y a representantes legales de las empresas señaladas en una denuncia por la presunta apropiación de más de 300.000 hectáreas en el territorio chaqueño.
El RUN sostiene que actuó dentro de sus atribuciones
Durante su comparecencia, González explicó que el RUN tiene funciones técnicas y administrativas y que no cuenta con atribuciones para anular inscripciones registrales ni dejar sin efecto resoluciones judiciales. Según su exposición, la institución recibió dos notas vinculadas al caso y respondió ambas; una tercera presentación, mencionada por abogados de los denunciantes, todavía no había llegado a sus manos.
La funcionaria sostuvo que cualquier parte que considere irregular una inscripción debe recurrir a los órganos judiciales correspondientes. Su argumento se basa en que una dependencia administrativa no puede desconocer por cuenta propia una orden emitida por la Justicia.
González también abordó las restricciones para la adquisición de inmuebles en zonas fronterizas. Recordó que la legislación establece limitaciones para ciudadanos de Argentina, Brasil y Bolivia. Según los datos que maneja el RUN, las empresas involucradas estarían debidamente registradas y sus representantes serían de nacionalidad estadounidense, por lo que no estarían alcanzados por esas restricciones. Advirtió, sin embargo, que una eventual transferencia posterior de derechos sobre las propiedades constituye otra cuestión que podría ser objeto de control.
Defensa rechaza vínculos con Gonzalo Peña
Por su parte, Campos López Moreira negó que las empresas representadas tengan relación con Gonzalo Peña, vínculo que había sido mencionado durante una sesión anterior de la comisión. El abogado sostuvo que los derechos sobre los inmuebles de su representado están respaldados por resoluciones judiciales y afirmó que las firmas cumplen las disposiciones legales.
El profesional también mencionó inversiones que, según su declaración, superarían los US$ 100 millones, relacionadas con iniciativas empresariales y un proyecto de créditos de carbono. Explicó que el modelo buscaría generar valor económico mediante la conservación de bosques, sin necesidad de explotarlos.
Estas afirmaciones corresponden a la exposición de la defensa y no constituyen, por sí mismas, una verificación independiente del monto de inversión ni de la situación jurídica de las tierras.
Una controversia con implicancias para el Chaco
El caso tomó dimensión pública después de que representantes de una organización denunciaran un presunto despojo de aproximadamente 310.000 hectáreas y señalaran supuestas conexiones empresariales y políticas. Esas afirmaciones fueron rechazadas por Betancourt, quien previamente negó cualquier vínculo con Gonzalo Peña. Por tanto, las acusaciones deben entenderse como denuncias pendientes de esclarecimiento y no como hechos judicialmente comprobados.
La controversia tiene relevancia para el Chaco por la extensión de las tierras involucradas y por las implicancias que puede tener sobre la seguridad jurídica de la propiedad, las inversiones y los proyectos de conservación y créditos de carbono. La claridad sobre la titularidad de los inmuebles y el cumplimiento de las normas fronterizas resulta fundamental para la confianza de propietarios, productores e inversionistas.
El seguimiento deberá centrarse en las actuaciones de la comisión investigadora, las respuestas de las instituciones involucradas y las decisiones que eventualmente adopten los órganos judiciales. También será importante conocer la documentación registral y judicial que respalda las distintas posiciones.
Fuentes
Fuente original: ABC Color — Tierras en el Chaco: RUN se desmarca de irregularidades y abogado niega vínculos con Gonzalo Peña (19/11/2026).
Fuente complementaria: ABC Color — Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña (14/11/2026).