Uruguay descarta contagio por crisis de ueno
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, descartó este lunes 9 de noviembre de 2026 que su país enfrente una crisis bancaria semejante a la registrada en Paraguay tras el procedimiento de resolución de ueno bank.
Durante un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, el titular de la autoridad monetaria señaló que el sistema financiero uruguayo cuenta con condiciones regulatorias y mecanismos de supervisión que reducen considerablemente los riesgos de una situación similar.
Sus declaraciones se producen mientras Paraguay atraviesa una crisis financiera e institucional relacionada con ueno bank, cuya situación patrimonial motivó la intervención del Banco Central del Paraguay.
Bancos uruguayos no registran exposiciones relevantes
Tolosa explicó que el grupo empresarial involucrado en la crisis paraguaya no desarrolla actividades en Uruguay y aseguró que ninguna institución financiera uruguaya presenta exposiciones relevantes que permitan anticipar riesgos para su estabilidad.
El presidente del BCU sostuvo que las normas de autorización bancaria y supervisión financiera de su país establecen límites estrictos a las operaciones crediticias con empresas relacionadas con los propios grupos propietarios de los bancos.
Según el funcionario, estas exigencias buscan evitar que las entidades financieras sean utilizadas principalmente para financiar intereses empresariales vinculados a sus accionistas.
La regulación bancaria como factor de estabilidad
Tolosa destacó que Uruguay ha fortalecido su marco regulatorio durante las últimas tres décadas, mediante decisiones adoptadas por gobiernos de distintas orientaciones políticas.
Entre los elementos mencionados figuran las exigencias de capital bancario, los límites a los préstamos entre empresas vinculadas y una supervisión más estricta de las instituciones financieras.
En ese contexto, consideró muy improbable que Uruguay experimente pérdidas de depósitos comparables con las consecuencias de la crisis de ueno bank.
No obstante, sus afirmaciones constituyen una evaluación de la autoridad monetaria uruguaya y no representan una garantía absoluta de inexistencia de riesgos financieros.
La crisis paraguaya y la confianza institucional
El titular del Banco Central uruguayo calificó lo ocurrido en Paraguay como un duro golpe a la confianza en sus instituciones.
La crisis de ueno bank se profundizó después de que el Banco Central del Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de la entidad por el incumplimiento de exigencias mínimas de solvencia.
El caso también desencadenó investigaciones penales y una crisis política que culminó con la destitución de Santiago Peña y la posterior asunción de Pedro Alliana a la Presidencia de la República.
En paralelo, las autoridades paraguayas implementan mecanismos destinados a proteger a los depositantes y atender las consecuencias de la situación bancaria.
Lecciones para los países del Mercosur
Tolosa recordó que las crisis bancarias, los sobresaltos cambiarios y los episodios de inflación también forman parte de la historia económica de Uruguay.
Por ello, defendió la importancia de preservar los mecanismos institucionales que contribuyen a la estabilidad macrofinanciera.
Sus declaraciones ponen nuevamente en el centro del debate regional la independencia y capacidad técnica de los organismos reguladores, los controles sobre operaciones con partes relacionadas y la transparencia de los estados financieros.
Para Paraguay, la recuperación de la confianza requerirá una aplicación rigurosa de las normas bancarias, claridad sobre las responsabilidades investigadas y medidas eficaces de protección a los ahorristas.
La experiencia también resulta relevante para empresarios, productores e inversionistas del Mercosur, cuyo acceso al crédito depende en parte de la estabilidad y credibilidad del sistema financiero.
El desafío regional consiste en fortalecer la supervisión preventiva y garantizar que las instituciones bancarias operen conforme a criterios de solvencia, transparencia y protección del ahorro público.